Un fraude constitucional

Con el tradicional ¡Uh, ah, Chávez no se va!, la Asamblea Nacional (AN) aprobó el artículo que permite la reelección indefinida del Presidente, con mandatos de siete años. No hizo coro un grupo chavista (Podemos) que reivindica la naturaleza democrática del socialismo. Los demás parlamentarios, de pie, con prolongados aplausos parecían empeñados en ganar tiempo para que los enfocaran las cámaras de televisión en testimonio de fidelidad al teniente coronel. En los derechos de palabra para justificar el respaldo a la perpetuación de Chávez,  los asambleístas coincidieron en  la conveniencia de mantener al mismo líder hasta que pueda hacer realidad el proyecto de socialismo siglo XXI. Argumentaron que sólo él conoce el mapa de la ruta a recorrer y tiene las habilidades y la firmeza al timón para conducir exitosamente la revolución bolivariana. El vocero de la bancada oficialista, Mario Isea, expresó: “le damos al líder la posibilidad de seguir dirigiendo y nos damos a nosotros la posibilidad de seguir disfrutando de ese liderazgo”.  La AN aprobó las propuestas de Chávez, excepto tres, que supuestamente fueron objetadas por la cúpula militar, y agregó nuevos artículos, todos orientados a configurar el estado socialista y fortalecer los poderes del Presidente. Las misiones, (los operativos electorales de impacto social que Chávez ha manejado con apabullante ventajismo) tendrán rango constitucional, “como forma alternativa de administración pública”. El Contralor de la República señaló tímidamente que la coexistencia de dos formas de administración  dificulta el seguimiento y evaluación de los programas, pero la AN complació la exigencia presidencial de no limitarlas por leyes. Se regirán por reglamentos del Ejecutivo .y serán financiadas por asignaciones del Presupuesto y los “excedentes petroleros”. La reforma elimina la autonomía del Banco Central y  faculta al Presidente para administrar las reservas internacionales, fijar la política monetaria, la política cambiaria,  las tasas de interés y todo cuanto tenga que ver con la planificación y control de la economía. En la materia, la reforma establece 27 nuevas atribuciones presidenciales. El presidente queda autorizado para crear o suprimir provincias, municipios, ciudades comunales, distritos funcionales, regiones marítimas y otras formas de reordenación territorial, cuyas autoridades designa o remueve. La AN acogió las propuestas sobre propiedad mixta, empresas de producción social, poder popular, área educativa, política internacional y se reserva una revisión final, después del referendo, para adaptar los artículos no modificados al nuevo espíritu de la Constitución.

Los juristas coinciden en que la reforma es un fraude constitucional. Los estudiantes se lanzaron a la calle, bajo un torrencial aguacero, para llevar a la AN un documento proponiendo posponer el referendo. Su líder mas notorio, Jon Goicochea, debió ser transportado en vehiculo militar para entrar al parlamento. A su salida de un foro al que había sido invitado en la Universidad Pedagógica, fue golpeado por grupos de camisas rojas, las turbas le impidieron hablar y luego de la golpiza requirió tratamiento médico. Al salir del centro asistencial donde fue atendido, anunció que los estudiantes estarán en la calle el jueves primero, como vanguardia de una manifestación  que demuestre el rechazo de las mayorías populares a la reforma. “No nos amedrentarán. La resistencia contra la reforma apenas comienza y seguiremos en la calle”.

LA IGLESIA DENUNCIA LA REFORMA

“Moralmente inaceptable” fue el titular de la prensa independiente al informar sobre la posición oficial de la Iglesia Católica ante la reforma constitucional. El documento aprobado por la Conferencia Episcopal (CEV) fue leído y comentado por el Arzobispo Diego Padrón. En opinión del liderazgo católico, la reforma acentúa la concentración del poder en el Presidente, favorece el autoritarismo, limita las libertades cívicas, incrementa desmesuradamente el estatismo, permite al gobierno controlar espacios de la vida ciudadana que se corresponden con derechos humanos inalienables y vulnera los principios fundamentales  del sistema democrático. “El punto central”, afirman, es que se intenta poner punto final a la diversidad y el pluralismo, proclamando que el Estado es “socialista”, bajo la conducción de un Presidente con poder omnímodo y facultado para ser reelecto continuamente.. Un modelo de Estado socialista, marxista leninista, estatista, es contrario a la naturaleza del ser humano y a la visión cristiana de la persona. Experiencias de otros países demuestran que en tal sistema el Estado se convierte en opresor de la sociedad, coarta la libertad personal y causa un profundo deterioro de la economía, produciendo una pobreza generalizada. Lo que más preocupa a los Obispos es que la reforma, por excluyente de los sectores que no la comparten, profundizará la polarización de la nación y dificultará la convivencia pacífica de los venezolanos.

El pronunciamiento oficial fue precedido por declaraciones de figuras  connotadas de la Iglesia. Según el Presidente del Concilio Plenario, Monseñor Pérez Morales, en profundidad histórico-cultural, “pueblo” resulta en la reforma una categoría restrictiva, excluyente, tipo apartheid, en cuanto comprende sólo a la gente calificada por su adhesión y participación en el “socialismo”. Los venezolanos serían reconocidos como ciudadanos, patriotas, en cuanto “socialistas”. Se habla de un poder emergente de las bases, pero el complejo entramado del texto lo hace dependiente del gobierno nacional. El socialismo se propone no como proyecto alternativo dentro de un pluralismo democrático. Se presenta dogmáticamente como “la verdad” y “el futuro”, ante los cuales no cabe  sino la aceptación ciega, muy bien vigilada por las vanguardias iluminadas-armadas. La reforma define “socialista” no sólo al Estado sino también a las dimensiones (económica, política, ético-cultural) de la sociedad.

Pese a problemas de salud que obligaron a suspender Aló, Presidente, Chávez en “alocución telefónica” afirmó que los obispos son “moralmente inaceptables” y “están al servicio de la oligarquía”. Se refirió en términos impertinentes al Cardenal Castillo Lara, recientemente fallecido y a cuyas exequias no se hizo presente ningún representante del gobierno. El cardenal Jorge Urosa respondió con un llamado a la tolerancia y exhortó  a retirar el proyecto de reforma. El gobierno lo instó a despojarse de los símbolos cardenalicios para opinar. Urosa replicó que no tenía que hacerlo pues los obispos son imparciales en las controversias políticas, pero no pueden ser indiferentes ante los problemas del pueblo. El arzobispo Baltazar Porras anunció una inminente reunión con el Papa Benedicto XVI, en ocasión de audiencia prevista para la nueva directiva del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), donde Porras es Vicepresidente. Da por descontado que se trate el tema Venezuela al abordar las conclusiones del CELAM en la conferencia de Aparecida (Brasil).  Allí el Papa mostró su preocupación por el surgimiento en la región de formas de gobierno autoritarias o sujetas a ideologías que se creían superadas. Era claramente una referencia a Venezuela. Seguramente está enterado ya, que Chávez inició hoy su campaña electoral calificando a los Obispos de nuevos Judas.

LA PROPUESTA UGALDE

Aprobar el cambio propuesto “lleva en si mismo el germen de la ilegitimidad”, y “fuera del consenso no hay un verdadero pacto social sino decisión unilateral e imposición de un sector sobre quienes son vistos no como ciudadanos, sino como enemigos”. Lo expresaron en comunicado conjunto las Academias Oficiales que congregan las personalidades más eminentes de todas las ramas del saber. Los rectores de  las Universidades autónomas suscribieron un comunicado denunciando la reforma como instrumento para destruir la libertad de cátedra e imponer el pensamiento único. Coinciden con los académicos en el concepto de “ilegitimidad” y anuncian que pondrán en movimiento su capacidad de convocatoria para que se haga evidente el rechazo. Gremios de intelectuales, artistas, periodistas, científicos, obreros, empresarios, las organizaciones más representativas de la sociedad civil se manifiestan en términos categóricamente negativos a lo que estiman una severa ruptura institucional.

Luís Ugalde, Rector de la Universidad Católica, se pregunta qué hacer ante la pretensión de imponer una nueva Constitución que la mayoría de los venezolanos rechaza. “Las posibilidades son buenas, siempre que los demócratas trabajen en lo fundamental, se liberen de sus pequeñeces y sean capaces de sumar las diversas expresiones de rechazo”. Propone una  campaña de información sobre las amenazas concretas que entraña la reforma y aceptar que el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones: por la abstención, quienes desconfían del sistema y el arbitraje electoral, y por el NO quienes consideran que el ejercicio del voto es un instrumento de lucha cívica. Ambas expresiones dejarán en evidencia que con una minoría el gobierno quiere imponer como obligación constitucional un régimen autoritario y un modo de vida inaceptable. Según Ugalde, hay que prever y preparar “el día después”, para lo cual, desde la noche del referendo, la mayoría del país tiene que sentirse como tal. “Esto requiere una voz y una dirección que, antes y después, explique e interprete los hechos ante el país y el mundo…El “día después” es la clave para salvar la democracia venezolana y esta sólo puede ser victoriosa si se trabaja sabiendo que Chávez no reconocerá la derrota al verse en minoría frente al NO y la abstención”.

Chávez dedicará todo el mes de noviembre a actos de masas por el SI. Repetirá el esquema de la campaña presidencial del año pasado. Está vez tiene en contra varios factores, entre otros las fracturas internas de los “bolivarianos”. Varios gobernadores y alcaldes han expresado que se oponen a la reforma, y seguramente la mayoría no ve con buenos ojos que en el futuro tendrían un papel decorativo, pues se les despoja de funciones y facultades. A diario hay manifestaciones de chavistas, en todo el país, exigiendo cumplimiento de promesas sobre empleo, salarios, viviendas, y protestas por la inseguridad y la crisis de los servicios públicos. En las encuestas aparece alto apoyo para seguridad social a los trabajadores informales y la reducción a 6 horas del horario laboral, pero la mayoría está poco informada sobre el contenido de la reforma, no cree que reformar la Constitución resuelva los problemas del país, le preocupa que sea amenazada la propiedad privada y en lugar de reforma prefiere que se cumpla la vigente. El presidente conserva un buen nivel de popularidad, pero su verdadera fortaleza es el férreo control de las instituciones claves, entre otras, el Consejo Nacional Electoral, todo el personal que maneja el sistema electrónico de votación y el Tribunal Supremo de Justicia.